Derecho Penal

¿Qué es el derecho penal?

A diferencia de otras esferas del Derecho, que pueden verse afectadas por distintos ordenamientos legislativos, el Derecho Penal recoge aquellas infracciones o delitos que únicamente se regulan en el Código Penal. Por lo tanto, el Derecho Penal va cambiando en función de las circunstancias sociales de cada momento y del poder legislativo. Lo que hoy puede ser delito no lo era hace un tiempo; mientras que podemos contemplar como históricamente el Código Penal había regulado como conductas delictivas cuestiones que hoy no constituyen ningún tipo de infracción (ni siquiera administrativa).

Y precisamente por estas oscilaciones en el tiempo, desde nuestro despacho comprobamos como todavía hoy en día hay personas que cometen delitos sin ser conscientes de ello. Todo el mundo sabe identificar lo que es robar, estafar o atentar contra una vida; y por lo tanto saber que son actuaciones que siempre comportarán un delito penal. Pero existen otros delitos que se pueden estar cometiendo sin ser conscientes que pueden comportar una multa y unos antecedentes penales en unos casos; o una pena privativa de libertad en otros. Y en este sentido es fundamental saber que el hecho de ignorar que se está cometiendo un delito no supone ningún tipo de atenuante.

Cómo funciona el derecho penal

Por otro lado, tenemos innumerables clientes que cumplen con aquel dicho popular de ser “incapaces de matar a una mosca”. Pero determinadas circunstancias los llevan a ser acusadas por delito de lesiones (incluso cuando han actuado en legítima defensa frente a un robo, un atraco, en defensa de un familiar…) o incluso de homicidio. Un simple altercado en el que se ve envuelto la persona más pacífica del mundo puede cambiar para siempre su vida y las de las personas de su entorno. Lo mismo cabe decir de las amenazas. Incluso la persona más pausada y precavida, ante una situación que le sobrepasa puede lanzar una determinada amenaza que en realidad nunca cumpliría. Vivimos en una sociedad en la que en todo momento todo puede quedar registrado y grabado y aquel individuo puede verse acusado como autor de un delito de amenazas.

Podríamos hablar de muchísimos casos de personas que siempre pensarán que los delitos los cometen los demás. Ellos no. Pero pueden verse acusados (justa o injustamente) por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, delitos contra el honor (calumnias, injurias…), receptación (vender una cosa sabiendo que su origen proviene de un robo)…. ¿Quién no conoce a algún “listillo” que se vanagloria de no pagar la luz o el agua?… sin saber que está cometiendo algo más que una infracción administrativa, sino un delito tipificado en el artículo 255 del Código Penal.

Es muy común el que una persona agobiada por las deudas simule compraventas o donaciones de sus bienes, para protegerlos frente a sus acreedores, pensando que con ello ayuda a su familia, pero sin tener conocimiento de que está cometiendo un delito de alzamiento de bienes.

Defensa de nuestros clientes en Derecho Penal

Nuestra función es defender a nuestros clientes que se han visto inmersos en un procedimiento penal:

• Si quien acude a nosotros es la víctima del delito formularemos querellas y compareceremos como acusación particular en el procedimiento penal. Intentaremos conseguir que se castigue al culpable y obtener la indemnización que corresponda para el cliente.
• Y si quien acude a nosotros es la persona acusada de un delito haremos todo lo posible para defenderle. Nunca debemos olvidar que el acusado de un delito tiene derecho a la mejor defensa. Puede que sea inocente y merezca que se haga justicia y que se le absuelva. Puede que sea culpable y que todas las pruebas lo demuestren. Pero quizás no merezca la durísima pena que el Ministerio Fiscal y en su caso la acusación particular quiera imponerle. Y puede que incluso un abogado defensor no llegue a saber si realmente el cliente es inocente o es culpable. Es la peor de las situaciones posibles, puesto que nunca podemos permitir que alguien que pueda ser inocente llegue a ser condenado como autor de un delito. Y es precisamente por esta razón que nuestra Constitución reconoce para todos los ciudadanos un derecho fundamental: el derecho a la presunción de inocencia. No se trata de que el acusado tenga que demostrar su inocencia, sino que es quien le acusa el que tiene que demostrar su culpabilidad. En nuestro sistema no rige aquel principio anglosajón de “más allá de toda duda razonable”, pero si no existe una prueba de cargo suficiente, debe ser un conjunto de pruebas suficientes, a veces incluso indiciarias, el que lleve finalmente a dictar un pronunciamiento condenatorio. Todos hemos visto películas americanas en las que se absuelve al acusado por falta de móvil. Por suerte esto no rige en nuestro Derecho Penal, pues es evidente que un delito se puede cometer sin una motivación expresa. De ahí que nunca veremos que ni las acusaciones ni las defensas se centren en sus discursos verbales y escritos en el término móvil (a no ser, lógicamente, que para entender la autoría en un caso concreto sea relevante saber la motivación que perseguía el autor).